7 meses de legislatura en San Pedro del Pinatar

El equipo de gobierno de la localidad de San Pedro del Pinatar está a punto de cumplir 7 meses desde su toma de posesión, por lo que llegado a este punto y digeridas las pasadas elecciones generales, es necesario echar un vistazo atrás y comentar lo más relevante de esta etapa de Visitación Martínez como Alcaldesa de este pueblo y de los partidos que constituyen el Pleno. Sin duda esta legislatura se va a mirar con lupa después de que los vergonzosos dispendios protagonizados por Pedro José Pérez Ruíz y José María García Ruíz, anteriores Alcaldes, haya sumido a esta villa en la mayor deuda económica de la historia del municipio, amén de unas cifras de paro sencillamente alarmantes (más de 2.700), cuya culpa no hay que encontrarla sólo en los gobiernos anteriores, sino también en la mala gestión del empleo de la CARM y del gobierno de la Nación. Son tiempos en los que se avecinan recortes, pero asusta que se produzcan en bienes sociales en lugar de otro tipo de partidas que afectan más a los políticos que a los ciudadanos.

Esta situación ha generado una primera decisión desacertada por parte de la Alcaldesa: suprimir la práctica seguida, derivada de la costumbre de los Alcaldes anteriores, por la que se incorporaba al Orden del día de cada sesión del Pleno un punto en el que se leían y debatían las mociones presentadas por uno o más grupos. Ahora la rompe y, escudándose en el artículo 91.4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales obliga a que esas mociones deban pasar primero por un trámite de votación de urgencia. De hecho el artículo 97 las configura como un elemento que se somete directamente a conocimiento del Pleno. En pocas palabras, ello implica que el PP decida lisa y llanamente sobre lo que le interesa votar. Esa actitud autoritaria la demostró con motivo de una moción de UPyD sobre la defensa del Mar Menor, en la que instaba a nuestros políticos a tirarle al Gobierno Regional para que hiciera por proteger nuestro ecosistema. El PP entendió que “no era el escenario previsto para ello” y él solito tumbó la posibilidad de debatir el problema.

Otra decisión antidemocrática ha tenido lugar con motivo del encargo de una auditoría para aclarar la situación económica del Ayuntamiento. Ha costado 60.000 euros de nuestros bolsillos el pago a los profesionales auditores, pero al parecer el PP aprovechó para que le confeccionaran la auditoría con una cláusula específica por la que no se pudiese entregar copia alguna ni a la oposición ni a cualquier ciudadano, sino tan sólo consultarla in situ en las oficinas municipales. Transparencia cero. Esta treta dificulta elaborar un estudio más concienzudo de la adecuación del Presupuesto. Y otro guiño de falta de transparencia del PP es que se ha incumplido la promesa de subir las actas a la Web municipal, pues tan sólo se cuelgan los órdenes del día de cada Pleno. Que está bien, pero insuficiente.

El 22/12/2011 fue aprobado (por fin) un Presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento. El último aprobado fue el de 2008, prorrogándose sucesivamente al no poder consensuarse ningún otro. El PP y sorprendentemente DPi daban su visto bueno a unas irreales y optimistas previsiones para un año complicado, mientras que el PSOE lo rechazaba y UPyD se abstenía, valorando el mérito de confeccionar un presupuesto pero considerando poco serias e injustas sus asignaciones. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, el PP estaba obligado a aprobar un Plan de saneamiento, a crear ahorro neto positivo durante los próximos años, a aprobar un superávit y a reducir el remanente de tesorería negativo, pero depende sobre todo de la venta de nada menos que 6,4 millones de euros en concepto de enajenación de terrenos. ¿Pero quién se piensa que se van a vender en estos tiempos? Y a ello hay que añadir una subida del IBI, por enésima vez, y de los impuestos indirectos en un 66%. Y eso que Visi aseguró en su campaña que no subiría los impuestos, pero ya demostró de qué palo iría con la subida de tasas a través de la modificación de las ordenanzas fiscales. Igualica que Rajoy subiendo el IRPF y otros impuestos.

Por otra parte, en este Presupuesto bastante modesto en comparación con el de San Javier (30 millones frente a 43), un tercio se destina sólo a pagar nominas (una reducción de sólo el 13%), mientras que otro tercio va a gastos en bienes y servicios. De este modo incumple otra de las promesas del PP de reducir el gasto corriente. Pesca apenas recibe asignación y se termina de fusilar a la formación no ya con el cierre de la escuela taller Molino Quintín, sino con una asignación ridícula a la Universidad Popular (35.000 euros). Servicios Sociales se lleva una disminución bestial, tan sólo se gastarán 81.000 euros. Es una cifra insuficiente dada su relevancia pública. El PP defiende ante estas observaciones que este descenso concreto se debe a que es personal del Ayuntamiento quien lleva ahora el servicio de ayuda a domicilio. También argumenta que 9 millones de euros van destinados al pago de obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y que se ha reducido un 58% en festejos. Aún así, no se justifica el fuerte decremento en asuntos sociales y tan pocas inversiones en educación, así como la inexistencia de una auténtica apuesta por el empleo y lucha contra el paro.



También se aprobaron los inventarios de bienes del 2008 al 2010. Tuvo lugar en el Pleno de 5 de enero. La responsabilidad de la formación y aprobación del inventario corresponde al secretario de la Corporación, de acuerdo con el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio. Sin embargo, el secretario no es un político sino un funcionario de habilitación nacional que, aunque desempeña sus actividades autónomamente, debe cumplir las órdenes del Alcalde, tales como inscribir y dar de baja bienes a instancia del mismo o redactar informes que, de conformidad con la legislación disponible, puedan emitir un juicio válido y oportuno respecto a algún tema. Tiene gracia que José M. García Ruíz (PSOE) criticase la labor profesional del secretario valorando los inventarios como “un cúmulo de despropósitos y errores”, como lo relativo a la calificación de los bienes de la Curva. Pero aún más gracia tiene que solicitase su publicación en Internet, cuando a partir del año 2008 ya no se publicó nada de las sesiones del Pleno. Porque no les interesaba. Don Carlos Balboa supo contestarle educadamente, admitiendo la crítica constructiva (que no fue la intención del ex alcalde) al tiempo que recordándole que a él le competía dar el visto bueno a las operaciones.

En cuanto al tema del empleo público, de acuerdo con la plantilla de personal para 2012, se encuentran en amortización 29 plazas de funcionarios de carrera (FU), 17 de laborales fijos y 4 de eventuales. Se pretenden convertir 28 laborales en funcionarios y sacar a Oferta de Empleo Público 15 plazas. Esto dejaría una plantilla de 133 FU, 28 laborales fijos, 1 eventual y 64 interinos. Ojo, amortizar no es que echen a gente así sin más. Es que cuando la persona deje de ocupar la plaza correspondiente (jubilación, concurso, etc), automáticamente desaparece. De cualquier manera no se asegura nada sobre el futuro de los interinos que podrían acabar en la calle. Respecto al empleo privado, flaco favor hace el PP a las pymes y empresarios de esta localidad con la futura creación de un centro comercial en el lugar donde se encontraba la polémica discoteca Zen.

Sobre el turismo. En relación con el desestacionalizado, en octubre UPyD denunció el lamentable estado del Molino Quintín, santo y seña del pueblo, al mismo tiempo que la falta de limpieza de las pasarelas y orillas de las charcas de los lodos del Mar Menor. El verano lo protagonizaron dos noticias: por un lado, el rumor desmentido de que la Alcaldesa había insinuado que los jubilados y parados debían de recoger las medusas por tener tiempo libre (llegando a ser comentado en Desinformativos Telecinco) y por otro lado la apabullante presencia de los manteros en el paseo de Villananitos. Esta circunstancia fue favorecida por la lamentable modificación (realizada en 2010) del artículo 274.2 de la Ley de Propiedad Intelectual que convierte lo que antes eran delitos por piratería y venta ilegal en simples faltas, de forma que hasta 400 euros no sólo no se puede hacer nada contra los vendedores de piratería, sino que encima hay que abrir un detallado inventario haciéndole perder el tiempo a la Policía Local.



Pasamos a continuación a los temas más polémicos que colean de la legislatura anterior. En relación con la emisión de gases contaminantes de la fábrica ASSA, se comenta en el periódico Pinatar Información que el Ayuntamiento NO ha respondido al requerimiento de información por parte del Defensor del Pueblo de la Nación, que de esta forma elevará a las Cortes Generales su informe anual de 2011 indicando el incumplimiento por parte de hasta dos gobiernos municipales. A ello se le suma una sentencia judicial en la que se desestima la denuncia por presuntas injurias y calumnias que presentó el empresario Francisco Velasco contra Ramón Torres y otros miembros de la Asociación, que es un grupo de vecinos afectados. La sentencia se suma a otras existentes como la condena al Ayuntamiento por la inactividad de José M. García Ruíz, de forma que nos costó a los pinatarenses 500 euros al mes durante un tiempo para sufragar los daños sufridos por el denunciante. Una prueba más de la poca sensibilidad en materia medioambiental de nuestros políticos.

El tema de la Curva ha sido más comentado en las redes sociales que en el Pleno. La demagogia que se ha hecho con este asunto es impresionante, sobre todo por parte de algunos de sus detractores, que parecen llevar los bares en la cabeza todo el día. Nadie aseguró que se abriría antes de Navidad y más tratándose de un tema que requiere tiempo para hacer las cosas bien. Estos días, en periódicos de tirada regional se ha llegado a publicar una versión algo partidista de este asunto, en favor del gobierno municipal anterior, en esta noticia y esta otra también. Los pinatarenses buscan la fiesta en otros lugares como La Ribera, Los Alcázares (sobre todo), Cartagena y Murcia. Dinero que sale de nuestro pueblo y se queda en otras ciudades. No se crearía mucho empleo directo reabriendo los bares, pero beneficiaría indirectamente a la hostelería de la zona, generándoles mayores beneficios. Los taxistas también lo agradecerían.

Pedro José nunca se esforzó por legalizar esta situación (el convenio) y presionar a la CARM para la resolución de la modificación del PGOU, que estaba pendiente, mientras que José María se ganó el apoyo de los vecinos de Lo Pagán al cerrar de un plumazo los cinco bares. Sólo por los votos. Se amparó en un silencio administrativo (no contestaba la CARM) argumentando que se le podría condenar a él por prevaricación si ocurría algo grave en los bares. Para ello, lógicamente solicitó al secretario que redactase inmediatamente un informe legal a medida para su cierre. NUNCA hubo una resolución judicial. Pero esta verdad no interesa que se sepa. La Curva debería ser reabierta, pero sólo en condiciones más favorables que antes, con las medidas adecuadas de insonorización y de limpieza. ¿Para algo pagamos los pinatarenses, no? Pero no, lo fácil es criticar haciendo demagogia con la Ley de Costas, sin reconocer que los políticos la aplican como les da la gana. Otro gallo cantaría si se quisiera edificar una nueva zona de ocio, que podría situarse al lado del Centro Comercial Dos Mares pero en territorio pinatarense. Pero eso no dejan de ser promesas que el PPSOE de este pueblo nunca ha cumplido.

Por último, comentar que desde hace unos meses se está anunciando el retorno a la escena política de una formación que parecía encontrarse en estado catatónico desde el 22-M.