Las elecciones de la indignación

Justo antes de que llegase agosto, el mes por excelencia de la paralización política y administrativa, el presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero anunciaba que solicitaría al Rey la celebración de elecciones anticipadas. Era un secreto a voces, al igual que el debate sobre su no presentación como candidato y su reemplazo por Alfredo Pérez Rubalcaba y es que la política y más en este país se vuelve demasiado predecible. El 20 de noviembre, justo 36 años después de la muerte del General Franco, finalizará la legislatura de la crisis económica y el paro, que tuvo como antecesora la de la especulación urbanística. Y en verdad uno y otro mal son causa y efecto a la vez, pero los perjudicados son siempre los mismos que somos los ciudadanos de a pie. Surgen movimientos sociales como el 15-M no sin sombras en su constitución y modo de proceder y se hace más patente la desconfianza del ciudadano en los políticos de los grandes partidos.

El PP y el PSOE, en sus respectivos ámbitos de poder actual (el primero autonómico y el segundo estatal), han introducido recortes que han perjudicado a los funcionarios, pero se han negado a establecer auténticas medidas de austeridad de gasto de personal de políticos y altos cargos. En los municipios se ha tenido una mayor conciencia, pero no ha devenido en las administraciones autonómica y estatal en una supresión al mínimo de los gastos de protocolo, al tiempo que se sigue manteniendo una injusta pensión vitalicia para diputados y senadores, que muchos de ellos han permanecido muy pocos años en el ejercicio de su cargo. UPyD propuso eliminarlas o reducirlas y el PPSOE se negó. Son contradicciones sangrantes, que chocan con la estrechez económica que cerca de 5 millones de personas desempleadas sufren en nuestro país, amén de aquellos que son víctimas de la temporalidad del empleo y sus condiciones míseras. Tampoco tienen voluntad ninguna de modificar la legislación electoral que tanto les beneficia a ellos y sus compis nacionalistas. Al PPSOE se le ha visto el plumero.

Otro despropósito ha sido la reforma constitucional, que implica establecer un techo fiscal de endeudamiento para las administraciones. Es la modificación más relevante de la Norma Fundamental del Estado en sus 33 años de vigencia, pero mayor es su desacierto. Existe una Ley de Estabilidad Presupuestaria que con la adecuada flexibilidad y rigidez a su vez que implica ser una norma emanada del Parlamento puede establecer los mínimos y máximos, al tiempo que la Constitución ya contiene en sus principios directrices generales a seguir en la política social y económica, teniendo cabida tanto políticas de derechas como de izquierdas. De esta forma el PPSOE atenta contra la autonomía política financiera de los futuros gobiernos de la Nación y de las Comunidades e incluso contra el caracter consensual de la Constitución, dado que se ha querido imponer sin contar con el consenso de partidos defensores de esta Carta Magna como IU, UPyD y CIU y tampoco con el del pueblo mediante referéndum al no poder reunirse ni 35 diputados ni senadores. La falta de respeto al consenso constitucional ha sido humillante.

En cuanto a la labor de gestión del gobierno de Zapatero, sobra recordar que ha sido muy desacertada tanto desde lo económico como político y social. Ha dilapido la denominación del partido como “obrero y socialista” aplicando políticas restrictivas no ya con los recortes a los funcionarios, sino abaratando los despidos, congelando las pensiones, aumentando la edad de jubilación, retirando ayudas a la maternidad y a la compra de vivienda, subiendo los impuestos indirectos al IVA y a la gasolina, aumentando la luz y el gas… beneficiando una vez más a los ricos y ahogando las economías más modestas. Lo que haría falta es una reforma profunda del sistema de Seguridad Social y la Ley de actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social publicada en BOE 1 de agosto resulta insuficiente. Y qué decir de tener 17 Servicios autonómicos de salud que convierten nuestra sanidad en un caos y unas deudas astronómicas como la del Servicio Murciano de Salud y 17 modelos educativos que introducen una tremenda desigualdad que se proyecta en el ámbito laboral con currículums en absoluto uniformes.

En esta legislatura el PSOE se ha rendido a las reivindicaciones de las pirañas nacionalistas, aquellas que atacan al sistema cuando es el sistema el que les permite democráticamente defender sus ideas. Y me refiero sobre todo a la participación en las elecciones municipales de la enésima sucesora de Batasuna, Bildu. Todos los miembros del Tribunal Constitucional elegidos por el PSOE favorecieron la entrada de esta siniestra formación que consiguió la alcaldía en San Sebastián y ha retirado la bandera española de las instituciones, sin condenar en ningún momento la violencia de ETA y abanderando homenajes a presos que cometieron atentados. Eso es lo que pareció olvidar José María García Ruíz, alcalde de San Pedro del Pinatar por el PSOE entre 2007 y 2011, cuando en el pleno municipal del 6 de septiembre, comparó una moción en defensa del orden constitucional en el País Vasco con el alzamiento militar del 18 de julio de 1936. Sin comentarios. Tampoco hay que olvidar la ridícula aprobación en el Senado de traductores de las lenguas autonómicas, que dificultan el debate y que supone un coste inútil para el erario público. Finalmente, el candidato Pérez animó a la desobediencia de la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que exigía a la Generalitat respetar la cooficialidad del castellano en las aulas y en modo alguno prohibición del catalán.

Rubalcaba no se halla tan quemado por errores políticos, pero se comporta como un bienquedas allá donde va y es más bien símbolo del continuismo de unas políticas incapaces de gestionar adecuadamente una crisis que puede dejar a este país en la bancarrota total. Entre sus propuestas ha lanzado la de reforma del régimen de las Cajas de Ahorro, con el objetivo central de despolitizarlas. Esa idea ya la propuso UPyD en su momento y también fue rechazada. Ahora, en una clara muestra de incoherencia y despropósito, pretende presentarla como propia y encima con cierta chulería: “lo hubiera hecho hace un año y medio”. Otra de sus promesas es no congelar el sueldo de los funcionarios y las pensiones, que en la práctica supone un incremento por efecto del 3% de la inflación. ¿Electoralismo o compromiso? Pues ni una cosa ni otra, lo que es, es MENTIRA. También defiende el retorno, ya aprobado, del impuesto de Patrimonio, que ya eliminó el PSOE años atrás, como medida urgente y temporal de recaudación de recursos (2011-2012). Ha sido manipulado por Pérez como el "impuesto de los ricos". Tiene gracia, porque en realidad van a sufrir más su configuración injusta las clases medias. De hecho, los expertos tiran por tierra los cálculos de 1.400 millones de recaudación estableciendo en 500 la recaudación potencial.

Mariano Rajoy cuenta con un escenario muy propicio para vencer en su tercera intentona, pero no por méritos de su propia oposición, sino por deméritos de su principal rival político. El PP cuenta con un poder inmenso a nivel territorial de municipios y Comunidades Autónomas, pero las políticas que allí ha empleado no han influido en aliviar la crisis económica y se han traducido en recortes en Educación que perjudican la calidad de la enseñanza por la drástica reducción del profesorado interino y la ampliación de horas a los profesores de carrera que no van a dar abasto. Y sin olvidar el famoso copago sanitario que Valcárcel defiende a capa y espada. ¿Que los ciudadanos paguen por servicios públicos esenciales? ¿Pero qué cachondeo es este? Y es que la gente parece esperar al PP como agua de mayo, pero no está demostrando abanderar un proyecto serio. La "gestión" del gobierno de Zapatero le deja en bandeja el triunfo y es lo más probable que ocurra.

El bipartidismo ha hecho mucho daño a este país, porque el mismo ha propiciado que dos partidos hagan y deshagan a su antojo. 34 años después de las primeras elecciones democráticas, el sistema recibe más críticas que nunca, pero es culpa de que se ha querido poner más atención en los aspectos coyunturales que en nuestra estructura, que a buen seguro necesita una reforma adecuada no ya para adaptarlo a los tiempos, sino a una lógica que exige la sociedad: basta ya de que los políticos se aferren a su cargo y encima de que es insultante que paguemos una media de 8.000 euros de finiquito a diputados y senadores, muchos gobiernen sólo para su partido o para ellos mismos. Son puestos públicos que exigen una máxima responsabilidad y respecto de los cuales debe existir un auténtico control democrático, en lugar de que la patética justicia que existe en este país, donde domina la ley del sinvergüenza, les consienta los excesos más obscenos y execrables.